«Nos debemos de despedir de una administración de justicia como tal, porque en estos ‘juicios o procesos’ no va a tener posibilidad el juzgador de probar los dos extremos para asignar una pena», señala el abogado de FESPAD

La reforma que permitirá los juicios masivos por estructura criminal -pandilla- en El Salvador «acabará» con la administración de justicia en el país centroamericano, alertó el abogado y director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, en una conversación con EFE.

La Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó a finales de julio una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen, solicitadas por el presidente Nayib Bukele por medio del Ministerio de Justicia en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

La reforma que permitirá los juicios grupales entrará en vigencia, según el decreto legislativo al que EFE tuvo acceso, a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.

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Sin embargo, se desconoce cuándo la Imprenta Nacional subirá a su sitio web dicha publicación.

Dicha reforma acaba con los procesos penales individuales y se faculta a la Fiscalía para «agrupar por estructura (pandilla) a imputados en procesos de instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal», de acuerdo con el decreto.

El Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción conmemoró su aniversario con una concentración y manifestación. Foto EDH/ Menly González

«ES VENGANZA»

«Nos debemos de despedir de una administración de justicia como tal, porque en estos ‘juicios o procesos’ no va a tener posibilidad el juzgador de probar los dos extremos para asignar una pena, que son la participación y la responsabilidad», manifestó Fino.

El abogado explicó que de acuerdo con la participación del o los individuos en un hecho, se asigna una pena.

«Son dos elementos indispensables en la administración de justicia penal y con 400 (detenidos), por ejemplo, en una audiencia -de quienes el juez no sabe ni siquiera cómo se llaman- ¿cómo podrá asignarle una pena de acuerdo con su participación?», apuntó.

Planteó que «con estos 400 (detenidos) que le lleven (presenten al juez), ¿habrá posibilidad de determinar el grado de participación para asignar una pena?». «No, no hay posibilidades», aseguró.

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«Esta reforma, lamentablemente, es la despedida de la administración de justicia, porque sin esos elementos no se administra justicia. Lo que se está haciendo es asignando una pena sin proceso, sin responsabilidad, lo que es venganza», reiteró.

El letrado hizo énfasis en que «el juzgamiento debe de seguir reglas ya establecidas desde el derecho penal que implican, básicamente, la participación y la responsabilidad.

«Si nosotros olvidamos esas reglas ¿qué es lo que estamos haciendo?, sencillamente lo que se hace es venganza», subrayó.

Y añadió: «Son los riesgos de esas reformas de juzgar en masa y por empresa (pandilla), porque lo que se está haciendo es sacando la tarea de juzgar y de declarar culpables a la gente sin volver la vista si ha participado y qué grado de participación tiene».

Según información oficial, son más de 72,000 personas detenidas bajo esta medida, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5,000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.



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Por ahed