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Aclararon que las protestas y las apelaciones al Juzgado Ambiental son únicamente para proteger los árboles de la 30 Avenida Sur.

La semana anterior un grupo de personas durante dos días consecutivos bloquearon dos intersecciones de calle donde se ha iniciado un proyecto de tala y ampliación a 6 carriles en la ciudad de San Miguel, en descontento lugareños y organizaciones ambientales se sumaron para alzar la voz en defensa del medio ambiente.

Sin embargo, en el proceso se realizaron señalamientos hacia ambas partes, inicialmente para la alcaldía por intereses financieros y para los manifestantes por intereses políticos, ambas situaciones fueron aclaradas y desmentidas por los involucrados.

En respuesta a una reciente mención a su nombre, Arturo Castellón, candidato a la alcaldía migueleña por el partido PCN, aclaró que de manera personal se ha involucrado en la lucha desde un aproximado de 8 meses atrás debido a que sus familiares residen en la zona y son testigos de la situación, por lo que la comunidad misma aseguró que le invitó en varias ocasiones que los acompañara.

Es por ello que el día de las protestas dijo que llegó en apoyo pero que en ningún momento se politizó como se especulaba por otras personas.

“Bueno este día estoy haciendo uso de mi derecho de respuesta por las acusaciones en mi contra y al partido, fui acusado de estar pagando personas para hacer estas manifestaciones por la tala de árboles, de hecho, politizando donde se hizo mención del partido porque soy candidato y que ellos eran activistas”, expresó Castellón.

Sus palabras fueron enfáticas en resaltar que el medio ambiente no tiene nada que ver con la ​ actividad política, que los migueleños si necesitan los árboles y es por ello que se han unido personas incluso de otros sectores para detener las talas y el proyecto actualmente en ejecución.

“La verdad de las cosas es que nosotros acá en San Miguel necesitamos los árboles y como migueleño defiendo al medio ambiente, de hecho, deberíamos de reforestar y sembrar más árboles por el clima que tenemos”​, indicó Castellón.

El caso del conflicto por el proyecto ha trascendido durante dos años debido a que no solamente se trata de salvaguardar la zona arbórea sino también porque entre ellos hay especies protegidas de 30 años, ​y varias ya fueron taladas​; los lugareños de las comunidades en entrevistas han respaldado la respuesta del ciudadano.

Por su parte los habitantes de Arcos de San Miguel y Ciudad Real dicen estar preocupados por el impacto ambiental que el proyecto traerá consigo desde el sello de los mantos acuíferos en la nueva residencial sumado a las talas, las personas se mantienen en alerta porque aseguran que este no es el único que presentará un daño irreversible a los recursos.

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Por ahed