En estos tiempos de la historia en los que la administración de justicia está bajo el ojo público, y con razones válidas y contundentes debido a su ineficiencia, falta de efectividad y desviación de los principios fundamentales del derecho penal, el ente acusador de nuestra región caribe se encuentra en una posición deshonrosa al mantener tasas de impunidad y falta de investigaciones que superan el 90% a nivel nacional. Dentro de estas cifras alarmantes se encuentran los casos relacionados con el exalcalde del municipio de Becerril, Raúl Fernando Machado Luna, quien en sus dos periodos al frente del gobierno local se ha visto envuelto en repetidos actos de corrupción. La Fiscalía, por su parte, parece estar ausente en este asunto, ya que los procesos en contra del Alcalde Machado Luna avanzan con una lentitud alarmante, permitiendo que el mandatario continúe sin restricciones en sus acciones. Es como si la Fiscalía hubiera olvidado el propósito de las medidas de aseguramiento.

Resulta evidente que en el caso del Alcalde Machado Luna, las medidas de aseguramiento eran más que justificadas. No solo tenía el poder y la discreción sobre información y documentos probatorios que lo incriminaban, sino que también se le atribuían múltiples delitos, incluyendo Celebración de Contratos sin requisitos legales y Peculado por apropiación, entre otros. Estos cargos señalan un manejo indebido de los recursos públicos por parte de un líder que ha demostrado ser reincidente en sus acciones corruptas. Los documentos necesarios para establecer su culpabilidad, convenientemente bajo su control, han evidenciado su participación activa en estos delitos. Varios procesos están siendo investigados por diferentes fiscalías seccionales de Valledupar, y uno de ellos ya está en la etapa de juzgamiento. Es vital que estos procedimientos sean manejados con celeridad y eficacia para evitar que los plazos expiren y el Alcalde Machado Luna quede impune.

El Alcalde Machado Luna no solo ha manipulado las pruebas que podrían incriminarlo, sino que también ha tenido el control de los recursos públicos como autorizador de gastos en Becerril. Estos recursos han sido la base de su impunidad, algo de lo que parece presumir en diversas ocasiones. En medio de esta situación, es necesario preguntarnos si los procesos en contra de este alcalde se convertirán en meras estadísticas de impunidad en el sistema de justicia.

Dentro de su historial, se encuentran los siguientes procesos activos:

  • Un proceso en fase de investigación con el número de radicado 20001-60-87922-2016-00030, por el delito de contrato sin cumplir requisitos legales. La Fiscalía 16 Seccional, encabezada por el Fiscal Héctor Ruiz, llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Cargos el 5 de junio.
  • Durante su primer mandato, enfrentó un proceso por Peculado por apropiación en favor de tercero, con el número de radicado 20001-60-01231-2017-02336. Este proceso está relacionado con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde se evidenció un detrimento en el erario por 6 mil millones de pesos.
  • Otro caso de Peculado por apropiación, bajo la Fiscalía 5 Seccional con radicado 110016000101201600162.
  • También en la misma Fiscalía 5 Seccional se lleva a cabo una investigación por el delito de Celebración de Contratos sin cumplir requisitos legales, con el número de radicado 200016008792201600030.
  • Además, enfrenta un proceso por Celebración de Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, con radicado 20001-60-01075-2022-57273.

Varios de estos procesos parecen estar en un estado de suspensión en las oficinas judiciales. Nos preguntamos si habrá justicia para el Alcalde de Becerril. ¿Esperará a que los delitos prescriban? Es una pregunta que está en la mente de todos. Cabe resaltar que la Contraloría General de la República ya había levantado las alarmas al denunciar irregularidades en la ejecución de contratos, como el contrato N° 062 del 27 de mayo de 2015, relacionado con la asistencia nutricional y alimentación en el municipio. Esta denuncia se presentó en 2016, y desde entonces han transcurrido 7 años sin que se haya alcanzado un veredicto en contra del mandatario de Becerril.

El destino de estos procesos parece ser incierto, y la población se mantiene a la espera de justicia en el sistema judicial.

Por ahed