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El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de las elecciones generales

El secretario general de la ONU, António Guterres, se encuentra «alarmado» por las últimas acciones de la Fiscalía de Guatemala, que emitió órdenes de detención contra militantes del Movimiento Semilla y anunció que solicitará el retiro de la inmunidad al presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León.

Guterres «reitera su llamamiento a las autoridades a garantizar que la voluntad democrática expresada en las urnas se respete», dijo el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, durante su rueda de prensa diaria en Nueva York.

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El Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco anunció el jueves que pedirá el retiro de la inmunidad para Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera, por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal, acusándolos de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario.

Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.

El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de las elecciones generales del pasado verano y tratar de cancelar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo.

La persecución por parte de la Fiscalía en contra del Movimiento Semilla empezó el 12 de julio pasado, después de que sorpresivamente Arévalo de León obtuviera el segundo lugar en los comicios generales del 25 de junio.

El candidato izquierdista después se hizo con la Presidencia al derrotar a la ex primera dama Sandra Torres en la segunda vuelta.

Desde entonces, la Fiscalía ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.

Arévalo de León denunció públicamente, desde el 1 de septiembre, a Porras Argueta de encabezar un intento de «golpe de Estado» en su contra para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero. 

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Por ahed