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La ley de creación del INCAF no establece la posibilidad de absorber a los empleados del INSAFORP, sino que solo podrá disponer del patrimonio para cumplir con responsabilidades laborales

Seis meses es el plazo para ejecutar la disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), una vez entre en vigencia la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) que fue aprobada el pasado 14 de noviembre por el Órgano Legislativo; sin embargo, aunque no ha comenzado el proceso ya se reportan algunas renuncias de parte de empleados.

De acuerdo fuentes internas del INSAFORP, al menos 81 de sus empleados ya presentaron su renuncia, ante la incertidumbre de qué pasará con sus puestos de trabajo cuando inicie sus funciones el INCAF y porque el decreto no establece textualmente que serán indemnizados. Esto implicaría al INSAFORP destinar unos $4 millones para cancelar las compensaciones.

Desde que se presentó la primera propuesta que implicaba disolver al INSAFORP y disponer de sus recursos, autoridades del Instituto señalaron su preocupación tanto por la continuidad de los programas como por la estabilidad laboral de sus más de 125 empleados y más de 7,000 facilitadores de programas.

Y es que a diferencia de la propuesta inicial de “Ley del sistema nacional de integración” que se presentó el gobierno en agosto de 2023 en la que se decía que el personal del INSAFORP que fuera necesario pasaría a la Dirección de Integración, la ley que finalmente se aprobó no incorporó dicha posibilidad.

El artículo 27 del decreto aprobado dice: “El INCAF asumirá las obligaciones laborales y demás prestaciones del personal que se encontrare laborando para el INSAFORP a la entrada en vigencia de esta ley, pudiendo disponer para esos efectos, del patrimonio recibido del INSAFORP”.

El decreto aún está pendiente de publicarse en el Diario Oficial para concluir el proceso de formación de ley.

Según el informe de remuneraciones al segundo trimestre de 2023 del INSAFORP, se contaba con 135 contratos individuales de trabajo, incluyendo el del director ejecutivo, el subdirector, el auditor interno, oficial de información y asistentes administrativos. La mayoría de contrataciones corresponden a 62 técnicos nivel I y II, 27 técnicos administrativos y 13 coordinadores de áreas.

Sin compensación

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, señaló que el decreto no establece textualmente que los empleados vayan ser absorbidos o que se les dará alguna compensación, diferente a como ocurrió con la disolución del Parque Zoológico Nacional que sí lo recibieron.

“Los 150 empleados, empleadas que tiene hoy por hoy el INSAFORP, prácticamente no tienen ninguna garantía de ser contratados en el nuevo instituto de capacitación. Y para colmo de males, tampoco establece que se le va a entregar el pasivo laboral o alguna compensación económica si ya no se van a requerir sus servicios”,

Héctor Rodríguez, Movimiento de Trabajadores Despedidos

También externó su preocupación de que el Sindicato de Trabajadores del INSAFORP no se pronuncie sobre la disolución del Instituto; además de que también se disuelve “en automático” al sindicato.

“Para el otro año el nuevo instituto, entonces, como ya no tiene sindicato ya no está obligado a suscribir ningún contrato colectivo de trabajo, que es el problema que está pasando en otras instituciones como el Seguro Social”, agregó.

Mencionó que eso pasó con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (SITINPEP), dado que la mayoría de empleados no fueron contratados en el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), creado con la reforma al sistema de pensiones.

El Movimiento también reprocha que se elimine la representación tripartida en el consejo directivo del INCAF, excluyendo al sector empleador y laboral.

“En este caso, como lo han hecho con el resto de instituciones eliminadas, nuevamente atentan contra el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la estabilidad. En esto hay que decir que se vendrán más despidos injustificados, más desempleo”, dijo la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Esta sería la misma situación para el personal del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), que fue disuelto con la Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial también aprobada el pasado martes.

Belloso agregó que existe un antecedente con otras instituciones que fueron disueltas por el actual gobierno. “Y por lo tanto, es inaceptable, es una gran irresponsabilidad que sigan despidiendo de esta forma, a través de decreto”, dijo.

Para la diputada, la redacción no dice que se vaya a absorber a todo el personal, sino que queda sujeto “a una gran discrecionalidad”.

Procesos de formación

En el caso de los programas, se incorporó dentro de las disposiciones transitorias que todos los procesos de formación, capacitación, certificaciones, así como los procesos de compras ya iniciados, convenios vigentes o los contratos ya adjudicados que estén por iniciar implementación o estén en ejecución desde antes de la nueva ley “deberán ser realizados hasta su finalización”, de acuerdo a los procedimientos que establezca el INCAF.

Personal de una de las academias certificadas como centro de formación del INSAFORP ubicada en la Avenida Cuscatancingo, en San Salvador, comentó que el 23 de noviembre finalizará el curso de maquillaje en rostro que tienen en desarrollo y no han recibido indicaciones de que se abrirán alguna otra capacitación.

“Del INSAFORP no sabemos si va a seguir otro curso. Hasta el momento en programación solo tenemos ese curso”, dijo una de las encargadas.

El INSAFORP brinda los servicios de capacitación y formación a través de 300 centros acreditados. Foto EDH Susana Peñate

Con la reducción de fondos para la capacitación, ya que de las cotizaciones obligatorias el INCAF recibirá solo el 20 % y el resto se distribuirá entre la Dirección de Integración y el Fondo General de la Nación, habría menos oportunidades de prestar servicios a la población.

Rodríguez añadió que son 300 centros de formación con 7,000 técnicos profesionales que brindan los servicios al INSAFORP para capacitar a jóvenes, mujeres, personas desempleadas, emprendedoras y trabajadores de empresas.

“Los 7,000 trabajadores que hoy por hoy le venden servicios a INSAFORP, prácticamente no van a tener la misma oportunidad de prestación del servicio. A lo sumo, serán de esos, un 10 % la gente que va a poder el próximo año brindar servicios”, expresó Rodríguez.

El INSAFORP capacitó a 345,000 personas en 2022 y hasta septiembre de 2023 se capacitó a 350,000.

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Por ahed