La Fiscalía dijo que ha sumado otros tres inmuebles a la solicitud de extinción de dominio, sin especificar cuáles son los inmuebles ni detallar a quien pertenecen. El exmandatario ha rechazado que sean de su propiedad, y califica como «falsas» las acusaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República solicitó el martes que bienes incautados al expresidente Salvador Sánchez Cerén y su grupo familiar pasen a ser administrados por el Estado.

Según el Ministerio Público, se trata de cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias cuyo monto total asciende a 1.5 millones de dólares.

Entre noviembre y diciembre de 2022 se ejecutó la incautación de un inmueble en la colonia Útila y otros bienes que se atribuyen como propiedad de Sanchez Céren. La Fiscalía dijo este martes que ahora se están agregando otros tres inmuebles más.

Cabe señalar que el Ministerio Público no detalló cuáles son los inmuebles, ni especificó a quién pertenecen.

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Durante el periodo de ejecución de las incautaciones el año pasado, el expresidente quien se desempeñó en el cargo entre 2014 y 2019, rechazó que estos sean de su propiedad y calificó como “falsas” las acusaciones de supuesta corrupción en su contra.

“Rechazo rotundamente que me haya apropiado de fondos públicos indebidamente”, expuso en un comunicado en diciembre de 2022.

 El exgobernante aclaró además que “la vivienda incautada (en 2022) por la FGR no es de mi propiedad”, sino que fue adquirida y remodelada “con créditos hipotecarios y personales obtenidos por mi hija y su esposo en agencias bancarias Agrícola, América Central y ACODJAR”. Cabe mencionar que dichos créditos están pendientes de pago, agregó en el escrito.

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En el Juzgado de Extinsión de Dominio también se ha puesto a disipación bienes a nombre de su yerno Osvaldo Vaquero León y su hija Dolores Iveth Sánchez de Vaquero, además de bienes atribuidos como propiedad del exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez.

El Estado acusa a Cerén por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, por un monto de aproximado de 187 millones de dólares. Junto al exmandatario son señalados 16 ex empleados de Casa Presidencial y personas particulares, quienes supuestamente, entre 2016 y 2019, usaron ilegalmente fondos públicos, según la Fiscalía.





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Por ahed