Según la acusación, al menos 15 irregularidades fueron halladas en el patrimonio de ambas, la Fiscalía solicita que reintegren más de $277,000.

El proceso civil en el que la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, es acusada por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 comenzó ayer en la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

La hija de la exparlamentaria, Ana Virginia Guardado Peña, también enfrenta el proceso, ambas fueron demandadas civilmente el pasado 7 de marzo.

La Fiscalía General detalló entonces que las declaraciones patrimoniales de ambas, presentadas ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, contenían 15 irregularidades.

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Siete de esas irregularidades fueron detectadas en el patrimonio de la excongresista y consisten en depósitos bancarios en efectivo, pago de tarjetas de crédito y la compra de dos inmuebles, la Fiscalía sostiene que Peña no ha podido justificar los movimientos por valor de $140,521.57.

Por otra parte, en la declaración patrimonial de su hija fueron halladas ocho irregularidades consistentes en pagos de tarjetas de crédito y depósitos en efectivo, que sumarían $136,960.94.

Las inconsistencias patrimoniales corresponden a dos periodos en los que Lorena Peña fue diputada, 2012-2015 y 2015-2018.

Tras esta etapa, magistrados de la Cámara determinarán si Peña y su hija pasan a la siguiente fase del proceso. La Fiscalía pretende que ambas devuelvan el dinero que se les acusa de haberse apropiado.

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Por ahed