Tras el anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.

La Corte Suprema de Panamá declaró este martes «inconstitucional» el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes.

«Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406» del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), anunció la presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del tribunal.

Posterior al anuncio el anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.

«Más que una victoria de la institucionalidad, es una victoria de la democracia del pueblo», dijo al canal Telemetro la ambientalista Raisa Banfield, quien al grito de «sí se pudo» con un megáfono afuera de la Corte celebró el fallo dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España.

Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial.

Tras el fallo, manifestantes comenzaron a levantar algunos bloqueos de rutas, según medios locales.

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Las protestas estallaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años. Foto AFP/EDH

Moratoria minera

El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño. El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañia canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.

FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.

Ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la ambientalista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.

Minimizando el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la concesiones para explorar y explotar minas de metal. A su vez dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato de FQM y el gobierno.

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Panamá vive desde hace una semana una agitación social con manifestaciones, bloqueos de calles y paros laborales en rechazo a la operación el gigante minero canadiense First Quantum Minerals (FQM). Foto EDH/ AFP

¿Y ahora qué?

La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares, notificó al gobierno su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, en vigor desde 2013.

«Este tipo de notificaciones no son el inicio de un arbitraje, sino que por el contrario, intentan evitar la necesidad de arbitrar permitiendo que la situación se resuelva [mediante diálogo] durante el periodo de 90 días», dijo La compañía el lunes en un comunicado.

El gobierno de Laurentino Cortizo se dijo preparado «para defender los intereses nacionales» frente a un eventual arbitraje, que de perderlo implicaría una multimillonaria indemnización para las arcas públicas.

Algunos expertos creen el gobierno tiene más fácil defender su postura tras el fallo de la corte, ya podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.

«Claro que uno tiene más fortaleza con un fallo», afirmó a la AFP el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó uno de los recursos de inconstitucionalidad.

Felipe Chapman, socio director de la firma de asesoría económica Indesa, dijo a la AFP que «es un escenario complejo, pero que tiene salidas y soluciones».

«Si se cierra (la mina), se pierde su contribución al tamaño del PIB, que tomará algunos años recuperar, igual que los empleos y el ingreso fiscal», afirmó Chapman, para quien el país puede potenciar otras actividades a mediano plazo, como el turismo.

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Por ahed