Juan Pappier expuso en la entrevista de Voz Pública que no hay evidencia de que las detenciones masivas combatan el crimen a largo plazo.

La política de seguridad del gobierno del presidente Bukele no es sostenible en el tiempo, aseguró Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, durante una entrevista transmitida el lunes, por el sitio Voz Pública. 

El representante de ese organismo internacional explicó que una de las razones es que no existe en El Salvador un sistema de justicia capaz de procesar ese número de detenciones, refiriéndose a las más de 72,000 personas capturadas desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha, según datos brindados por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. 

Pappier agrega que, «la evidencia demuestra que las detenciones masivas no logran bajar la delincuencia y el crimen a largo plazo,  sino que permiten que los grupos criminales recluten a nuevos miembros utilizando las cárceles hacinadas como nuevas bases de operaciones». 

Y en tercer lugar, el representante de Human Rights Watch señala que hay pocos esfuerzos por ocupar los espacios que han liberado las pandillas en distintas partes del país. 

“Creo que es una política que lamentablemente no es sostenible, que  además de haber traído violaciones generalizadas de derechos humanos puede traer nuevos aumentos de violencia en el futuro”, aseguró. 

Por otra parte, Pappier explicó que el estado de derecho ha sido desmontado en El Salvador, no existe la separación de poderes y el poder lo concentra una sola persona lo que ha permitido “una política de seguridad abusiva durante el régimen de excepción”. 

“No hay independencia judicial en El Salvador y eso permite violaciones generalizadas de derechos humanos contra personas detenidas durante el régimen de excepción”, señaló. 

Pappier explicó que el régimen de excepción permite y facilita violaciones generalizadas de derechos humanos en el país, las cuales no son aisladas de un policía o un integrante de la fuerza armada que “se le va la mano”.  

“Ocurren en los 14 departamentos del país y en muchos casos son parte de instrucciones que se dan desde el poder Ejecutivo que siguen patrones claros”, aseguró. 

El 14 de julio pasado, seis organizaciones sociales denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han contabilizado 6,436 denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares en el régimen de excepción. 

Uno de los hechos más graves documentados por las organizaciones sociales son las muertes bajo custodia del Estado que suman 173. 

Los denunciantes señalaron que muchos de los cadáveres de las víctimas presentaban señales de tortura, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento. 

Detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos,  acoso, amenazas, lesiones y agresiones sexuales, son otros de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, según la exposición de las organizaciones de derechos humanos, ante la CIDH.

Pide a Estados Unidos condenar violaciones

En ese punto, Pappier considera que Estados Unidos puede cumplir un rol importante de denunciar las violaciones de derechos humanos y presionar al gobierno de El Salvador de forma pública o privada para que libere a las personas que han sido detenidas de forma arbitraria. Así como brindar cooperación para esfuerzos de inteligencia y para ocupar los espacios liberados. 

Para el representante Human Right Watch la reciente visita de la canciller Juana Alexandra Hill a Washington y la reunión que tuvo con el secretario de Estado, Antony  Blinken, son una demostración que hay un cambio de estrategia por parte del gobierno de  Estados Unidos hacia El Salvador. 

“Es una estrategia más engagement (compromiso), de tener conversaciones privadas y de discutir distintos temas que son prioritarios para ambos países. Lo importante es entender si los derechos humanos siguen siendo una prioridad y creo que hay algunas señales que eso es así”, destacó. 

Pappier considera que aún así, Estados Unidos debería ser mucho más claro en condenar las violaciones a los derechos humanos, “creo que en eso ha faltado contundencia y claridad”, aseveró. 

“Ha cambiado el tono, ha cambiado la estrategia, pero lo importante es garantizar que la vigencia del Estado de derecho y los derechos humanos sigan siendo una prioridad más allá de cual sea la estrategia para lograrlo” destacó Pappier. 



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Por ahed