Las autoridades giraron una orden para incautar todos los bienes de la universidad jesuita, esto después de haber congelado sus cuentas bancarias.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han dado un nuevo golpe contra la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua tras acusarlos de “terrorismo”, han girado una orden para incautar todos los bienes ligados a la institución.
Una jueza al servicio de la dictadura habría facilitado la orden de incautación para todos los bienes materiales y económicos de la universidad, que solo seis días antes se le habían congelado todas las cuentas bancarias, según informó el medio digital Divergentes.
Según indicó una fuente judicial y otra ligada a la universidad quienes confirmaron por separado el giro acusatorio que fue notificado la tarde del martes a las autoridades del centro superior de educación. A pesar de los múltiples esfuerzos que la UCA hizo en la última semana realizando “gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario”, informaron a su comunidad educativa sobre las acciones del mandatario.
Ortega concretó el primer golpe contra la institución tras congelar las cuentas bancarias, prosiguió con la inmovilización de los bienes y finalmente ha recabado a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la acreditación de su Centro de Mediación.
La Fiscal Ana Julia Guido, recién reelecta formuló la acusación, según indicó la fuente judicial. Aunque hasta ahora la querella contra los directivos de la UCA no aparece en el sistema del Poder Judicial. No obstante, ha sido una tónica que los casos políticos se ventilen hasta que el régimen los hace públicos.
Mientras tanto la UCA no se ha pronunciado públicamente por la confiscación de bienes. Una fuente del medio ligada a los jesuitas detalló que “tal el susto” causado por el giro judicial, que varios directivos del alma mater salieron de inmediato de Nicaragua.
“Hay preocupación por la salud del rector Rolando Alvarado, que padece del corazón”, agregó la fuente. En febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro ya había señalado a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación (Migob). “La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”.
Una de las fuentes que accedió a hablar para el medio Divergentes señaló que “este es un golpe a la Compañía de Jesús, a la Iglesia Católica, al conocimiento y al libre pensamiento. ¿Vos pensás que han perdonado que haya un monumento a Alvarito Conrado en el Colegio Loyola? ¡Nada, no perdonen!”, argumentando que “los jesuitas en Nicaragua han pasado de la Teología de la Liberación a una teología que libera contra los Ortega-Murillo”.
Periodista hondureña fue expulsada de Nicaragua tras “defender” a los obispos capturados
26 universidades confiscadas
Otras 26 universidades habían sido confiscadas a manos del régimen orteguista que se ha encargado de desarticular el pensamiento crítico de forma sistemática en Nicaragua. A criterio de los exestudiantes de la UCA, catedráticos y opositores esta es una medida de venganza contra las instituciones educativas que tomaron un rol en las protestas sociales de 2018, cuando abrieron las puertas a los manifestantes reforzando una postura muy crítica ante los múltiples crímenes de lesa humanidad ejecutados por los agentes paramilitares.
Justificando el cierre de las universidades con acusaciones de lavado de dinero como la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), “falsear información”, no reportar sus estados financieros y no inscribirse como agentes extranjeros, entre otros. En los últimos meses, las justificaciones presentadas es que la oferta académica es inconsistente o que no tienen infraestructura adecuada.
5,000 estudiantes estaban registrados solo en la UCA, según su actualización de datos de 2021 ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), albergando a más de 500 docentes.
Actualmente solo 13 universidades están acreditadas por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD).
Para el Frente Sandinista el control de las universidades ha sido clave, las primeras acciones fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos. Se implementó vigilancia extraordinaria en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), considerado el brazo sandinista en las universidades públicas.
Dictadura de Ortega en Nicaragua congeló las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana
Acoso en escala
2018 marcó un momento importante en la historia nicaragüense cuando la represión del régimen contra la UCA incrementó tras su papel institucional y el de sus estudiantes en la rebelión en Nicaragua. El régimen, primero intentó asfixiarla económicamente y luego la acosaba mediante auditorías del CNU. En marzo del año pasado, se ordenó quitarles el 6% constitucional, cuando fue separada del CNU y se aprobó una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
José Idiáquez, ex rector y el vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados el año pasado, al negarles la entrada al país después de que realizaron viajes al extranjero. A la cabeza de la institución quedó el padre Rolando Enrique Alvarado López, quien es el actual rector de la UCA.
Posteriormente Idiáquez denunció en 2018 que lo amenazaron de muerte y responsabilizó al gobierno de Ortega de lo que le pudiera pasar. “Ortega va a terminar como un asesino”, dijo Idiáquez el 15 de junio de 2018 al diario El País. Estas declaraciones se dieron después de que el 30 de mayo de 2018, el padre abrió las puertas de la UCA para refugiar a más de 5, 000 personas durante el ataque a la marcha del Día de las Madres, una de las más grandes manifestaciones en la que miles de personas se solidarizaron con las madres y familiares de los asesinados en abril de ese año.
REGRESAR A LA PORTADA