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El Diario de Hoy abordó a 5 personas de organizaciones que trabajan con población civil en el país, todas reportan que el régimen de excepción ha traído temor

Miedo a organizarse. Temor a que les vean participando en reuniones en sus comunidades, caseríos, barrios, colonias o cantones, aunque sea en busca de una acción positiva, o de información, o preventiva o educativa. Es miedo y temor que nacen de las más de 72,000 personas detenidas desde que nació el régimen de excepción en marzo de 2022, según números del Gobierno a diciembre 2023; cifra donde al menos el 30% que está en la cárcel en realidad no tiene relación con grupos criminales, de acuerdo con investigaciones hechas por Socorro Jurídico Humanitario.

Casi una de cada tres personas detenidas no eran de pandillas ni tenían relación con esas agrupaciones delictivas.

Tal panorama ha tenido un impacto profundo en la organización comunitaria, según lo expresaron cinco voces de distintas entidades que trabajan con participación ciudadana en el territorio nacional, y que forman parte de agrupaciones más grandes como el Foro Nacional de Salud, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador o la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL).

A pedido de estas fuentes, El Diario de Hoy se comprometió a no publicar su identidad, para evitar algún tipo de represalia.

Baja participación

Una lideresa de Nahuizalco ilustra como les ha bajado la participación ciudadana al contar que “antes reuníamos a 30 a 60 mujeres en nuestra comunidad, ahora no se puede. Tampoco se puede trabajar con los jóvenes porque tienen miedo, con esto del régimen, de que agarran a los jóvenes. Son bien pocos lo que participan”.

Presencia policial en Nahuizalco.
Foto Cortesía

Las acciones de agentes policiales han llevado a la detención de miembros de pandillas, pero a la vez, “los policías… ellos siempre entran a las comunidades, si nos ven reunidos, dicen que nosotros estamos en contra del presidente, y que somos personas pandilleras, y que estamos en organizaciones ilícitas, y ya en eso si hay cuatro o seis, ya se van (detenidos). Y no es así, tal vez estamos reuniendo a las personas para hablarles acerca de salud sexual reproductiva, del medio ambiente, de los mantos acuíferos, de las enfermedades, de la no violencia. Ya no podemos, porque si nos ven reunidos, nos van a llevar a todas, y ¿quién va a salir por nosotros? Nadie”, lamenta.

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Miedo y temor tiñen las palabras de esta representante de Nahuizalco: “se llevan a los jóvenes en las comunidades, si están reunidos. No hay participación. Y esto no lo va a encontrar solamente en nosotras como liderazgos, también otras instituciones han querido mover a jóvenes de un lugar a otro que participen dentro de la escuela, pero tenemos ese problema que no pueden salir, por el miedo a que los agarren. Nosotras como lideresas tampoco podemos obligarles, porque si les pasa algo, podemos quedar como responsables, por haberles sacado”.

La misma preocupación ocurre en uno de los municipios más estigmatizados del país, Soyapango, en San Salvador. Otra voz de organización comunitaria describe que el régimen de excepción “nos ha afectado mucho porque la gente no quiere reunirse y no quiere luchar por sus derechos, porque tiene temor. Ha bajado bastante la participación de la comunidades porque no hay libertad de reunirse ni de expresarse, por temor a que se los puedan llevar”.

El Gobierno ha instalado con frecuencia cercos militares en algunos municipios y localidades del país; cuando lo hace “es peor”, comenta esta soyapaneca, “porque hasta el transporte nos han quitado y la gente está con más miedo ha reunirse, a expresarse, porque por vivir en una comunidad estigmatizada ellos (autoridades de Seguridad) piensan que todos somos iguales y que no hay familias honradas y trabajadoras, a todos nos quieren tratar por igual (que los pandilleros) y eso no tiene que ser así”.

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Militares revisan a dos hombres en Soyapango. Foto EDH/ Menly González

Esta baja en la participación ciudadana es un peligro latente para la misma comunidad, que pierde su capacidad de organizarse y dar respuesta a situaciones de emergencia, como las tormentas y huracanes que impactan en el país cada año.

Como representante de una organización que trabaja en el occidente del país, dentro del Foro Nacional de Salud, otra fuente explica que, cuando estaba por entrar al país la pasada tormenta tropical Pilar, en noviembre, “la gente, por temor, prefirió aguantar agua, prefirió hacerse a un lado. Afectó”.

Añade que “al inicio de este estado de excepción, una de las cosas que se planteó es que las reuniones o asociaciones estaban prohibidas. Entonces, la gente en principio dejó de asistir a las reuniones. Eso desarticuló las comunidades, en detrimento de su misma comunidad”.

En esos primeros meses del régimen de excepción, cuenta que en varios sectores de Sonsonate “andaba un drone en las comunidades, vigilando a ver si estaban grupos reunidos, amedrentando si había jóvenes, era algo complicado.
Eso genera en la gente desmovilización comunitaria. Lo que tanto nos ha costado que la gente asuma, su responsabilidad de agruparse y asociarse para resolver los problemas de su comunidad, y que no esté solamente esperando al Estado para que le resuelva, eso se cae a partir de que la gente tiene miedo”.

“Tenga cuidado…”

La Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL) incluye a 2,746 familias de 29 comunidades de la zona, en Usulután, organizadas desde 1998, cuando el paso del huracán Mitch arrasó la zona y, como población, se unieron para exigir sus derechos ante el Estado, para que les brindara no solo auxilio, sino también obras de prevención.

Un miembro de ACUDESBAL confirma que, en esta zona del país, también cunden el temor y el miedo ante las consecuencias que puede traer la participación ciudadana, en el marco del régimen de excepción.

“En los últimos años no se ha hecho prácticamente nada de parte del Gobierno en obras de prevención; pero tampoco las comunidades pueden demandar mucho, porque hay esa zozobra de que si está contradiciendo se puede dar problemas, en muchos casos se menciona el régimen, ‘mire si usted sigue diciendo cosas o hablando más de la cuenta, le vamos a aplicar el régimen’”.

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Lo más grave, señala esta voz desde el Bajo Lempa, es que estas palabras muchas veces provienen de las mismas personas que viven en la zona; es decir, hay una autocensura ciudadana a que se alce la voz, por temor a que esa expresión les lleve a unirse a las más de 72,000 personas detenidas en el estado de excepción.

“En algunos casos se da con las mismas personas de la comunidad que son afines (al Gobierno). Te dicen ‘no ande hablando porque se puede meter en problemas’, quizá lo hacen como un llamado, como un alerta, no con mala intención”, ilustra el miembro de ACUDESBAL. “Es algo que se vive y no solo en esta zona” del Bajo Lempa, añade.

Temor y miedo. Los ingredientes también están en La Campanera, en Soyapango, una de las zonas más estigmatizadas del país por la presencia por años de la Pandilla Barrio 18, y que las autoridades gubernamentales han mostrado como “un antes y un después” tras el paso del régimen de excepción.

Pero las actividades de miembros del Foro Nacional de Salud se han visto afectadas, pues “las compañeras que estaban trabajando ahí no podían ni reunirse (cuando entró el régimen), porque tenían miedo de que las llegaran a capturar. Eso desmovilizó, podría decir que casi que total”, indica una voz cercana a esta labor en Soyapango.

Presencia de miembros del Ejército en La Campanera. Foto EDH/ Jonatan Funes

El régimen de excepción ya cumplió un año y nueve meses en el presente diciembre. Se ha “normalizado” y ya es parte del diario vivir de la población. Es por ello que, según otra voz del FNS, “creo que el miedo ha bajado un poco, hay un poquito de temor, pero ya la gente ha buscado algunos mecanismos. Con los jóvenes, hacemos que se acompañen por un adulo o adulta (a las reuniones comunitarias), pero quiérase o no, siempre hay un padre que dice que no va a dejar ir a su hijo”.

Exigir derechos no es ser de pandillas

Otro efecto que ha traído el régimen de excepción, según una representante que trabaja en la promoción de la salud comunitaria, es que “en todos los foros o actividades grandes, cuando hablás de prevención de la violencia tenés un problema de estigmatización, porque si hablás de eso te dicen ‘ah, estás hablando de defender a pandilleros’”.
El miedo y el temor, nuevamente, aparecen para generar otro efecto que organizaciones de mujeres han detectado, y es la reducción de denuncias de actos de violencia; pero no porque ya no ocurran o hayan bajado.

“Tenemos una red de mujeres que identifican casos de violencia intrafamiliar, pero la gente dice que tiene miedo de denunciar. Primero porque, quiérase o no, al hombre que quiere denunciar tampoco es que quiera que lo encierren para toda la vida, sino que quiere que se haga justicia; pero tienen miedo de que lo encierren y que lo maten en la cárcel”, explica la fuente; agrega luego que otra razón para que las mujeres no denuncien “es que tienen miedo de que se encuentren con policías o soldados como los de Mizata o en Puerto El Triunfo, de la Isla Espíritu Santo”, que han sido señalado por cometer violaciones y abusos sexuales a niñas.

Ninguna de las voces anteriores acepta, busca o quiere que miembros de pandillas regresen a las comunidades; pero también explican y confirman que hay casos de abusos graves por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, lo cual es un alto costo que pagar en su vida diaria.

“Conozco a unas chicas en Apopa que me han dicho, literal, que ‘nunca un pandillero me dijo las barbaridades que me han dicho los soldados’. Eso te dice el nivel que hay de preocupación y de miedo de la población, de denunciar. Incluso, los abusos que sean domésticos, porque no saben con qué tipo de personas se van a encontrar (en las autoridades)”, añade esta fuente.

Detenciones injustificadas

Las historias de capturas que se han dado en régimen de excepción, donde la persona detenida no era de grupos criminales, se acumulan en la plática con las fuentes de las organizaciones comunitarias.
En Nahuizalco “hay un joven hijo de un compañero, que es líder de pueblos indígenas. A él le capturaron, andaban lavando la yuca, porque en su comunidad no había agua, lavando estaba cerca de su casa, en Nahuizalco, y se lo llevaron”.

Y en otro caso en Sonsonate, “llegaron a capturar al esposo de una beneficiaria de otro proyecto, e incluso un compañero nuestro fue a la Policía a acompañarla, y le dijeron que si andaba metiéndose, también se lo iban a llevar”.

Otra fuente de un caserío cercano, en Izalco, narra que “solo en mi comunidad tenemos ocho detenciones, personas jóvenes más que todo que se dedicaban al trabajo como albañilería, venta de pan, que trabajaban con ayudarle a sus papás en negocios propios. Son jóvenes los que han sido detenidos y que hasta el momento sus familiares no saben qué ha pasado con sus casos, no hay ninguna información de audiencias, de cómo va el proceso. Muchos de ellos han sido acusados de agrupaciones ilícitas cuando los han venido a traer a la casa, y los han tratado peor que a cualquier criminal”.

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La vida cotidiana en la zona continua a pesar de estar rodeado de militares, en la zona de La Granjita. Foto EDH/Jonatan Funes

La fuente del Bajo Lempa confirma que “han habido algunos casos que los ha mencionado la misma población, que ha habido detenciones injustificadas”, pero matiza que “como asociación no podemos dar opinión concreta, de decir sí o no (eran culpables), pues carecemos de elementos. Pero sí he visto mucha denuncia, incluso hay un Comité de Víctimas de Familiares del Régimen, que están denunciando que ha habido detenciones injustificadas, personas inocentes que han sido capturadas”.

Menos participación

En Nahuizalco, la persona que conversa con El Diario de Hoy expresa que el régimen de excepción vino a reducir aún más la participación ciudadana, pero explica también que estos espacios se venían reduciendo desde 2019, con el nuevo Gobierno y el inicio de la administración Bukele.

“Hubo un cambio con el Gobierno, porque nuestra participación quedó a un lado, ya no nos toman en cuenta. Antes sí, como liderazgo nos convocaban a reuniones y dábamos nuestra opinión. Qué queríamos en nuestras comunidades, cosas que estaban mal y que buscábamos que se mejorara”, comenta.

Desde lo que han vivido y con más énfasis con el régimen de excepción, hay trabas o falta de colaboración por parte de representantes de entidades de Gobierno, cuando como comunidades organizadas quieren impartir charlas en escuelas o centros de salud.

“En temas de salud, lo que hacen es poner limitantes, lo que se puede hablar y lo que no. Si es en violencia es igual, no les gusta que uno se extienda más a dar explicaciones, y que solo demos una media explicación”, narra la fuente nahuizalqueña, sobre cómo restringen su labor comunitaria y de expresión.

Si bien reconoce que los gobiernos anteriores cometían errores, considera que en su trabajo comunitario “había más avance, había más participación en el tema de salud; por ejemplo íbamos a las unidades de salud y podíamos realizar una controlaría a la unidad de salud, y en reuniones de ellos con las jefaturas, donde dan a conocer su trabajo y las funciones del promotor como director o médico, participábamos de esas reuniones; y si nuestra comunidad veía que el promotor no hacía bien su trabajo, lo podía exponer ahí, y decir qué necesidades tenía la comunidad, para que ellos ordenen a su gente para hacer el trabajo bien”.

Pero el trabajo continúa

A pesar de toda la presión que significa para estas comunidades organizadas el régimen de excepción, su labor avanza.
Por ejemplo, en noviembre pasado, cuando el país era amenazado por la tormenta Pilar, las comunidades del Bajo Lempa sostuvieron reuniones para prepararse.

“Cuando uno debe nada, no teme nada. Mucha gente estuvo activa, tratando de generar condiciones de respuesta inmediata a una posible situación adversa. Por suerte hemos tenido un invierno bastante débil en comparación con otros, y eso ha favorecido. Pero sabemos que si no se actúa, en los futuros inviernos en cualquier momento se va a generar un desastre, porque las condiciones están dadas para un desastre”, avisa el represente de ACUDESBAL.

Regimen de excepcion Bajo Lempa
Familias de personas detenidas en el Bajo Lempa no se han quedado calladas ante las detenciones que consideran arbitrarias. Foto EDH/ Cortesía

Mantenerse organizadas y activas, sin miedo ni temor, ha sido parte de estas familias del Bajo Lempa desde el destructivo paso del Mitch, en 1998. Y no piensan detenerse en esa lucha por exigir sus derechos a las autoridades del Gobierno de turno, aunque el manto de temor y miedo por el régimen esté ahí.

“Aquí hacemos reuniones, quizá cuando hemos tenido algunos inconvenientes es cuando vamos a una marcha, pero no somos una asociación que está tímidamente encerrada, no, sabemos que son nuestros derechos los que estamos exigiendo, y no queremos que se cierren esos espacios cívicos”, explica, y añade que en su caso, “no hemos sentidos que nos están coartando los derechos de la libre organización”.

Tampoco se detiene el trabajo en Nahuizalco, donde una participante del Foro Nacional de Salud en la zona explica que “a pesar de todo seguimos trabajando en la comunidad, por sensibilizar a las personas sobre la importancia que tiene la participación social, sobre cómo las personas con su voz y su decisión pueden cambiar el rumbo de las cosas. Dado lo que pasa en el país, es importante la participación comunitaria. En ese sentido, se capacita a las personas, se hacen diferentes actividades para que las personas tengan herramientas de conocimiento para saber que la decisión está en manos de ellos, de todos”.

Reinventarse, hallar estrategias para superar el miedo y el temor a reunirse, es ahora parte de su día a día, pues “nos toca como comunidad inventarnos una estrategia diferente para poder trabajar, dado que no tenemos libertad de expresión, y en algún momento somos vigilados a través de nuestros dispositivos, y sentimos que nuestras vidas también corren peligro”, describe.

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Por ahed