El presidente Nayib Bukele aseguró que el INSAFORP no desaparecerá, pese a que proyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración establece su disolución y que sus funciones serán asumidas por una Dirección adscrita al Ministerio de Gobernación

“Prefiere quitarle el dinero a INSAFORP que recortar los gastos en propaganda… por qué no usa las ganancias del Bitcoin”, “cae en el discurso de anunciar algo que no va a cumplir, que no se va a ejecutar, como lo ha hecho”, “cómo pueden asegurar que van a mejorar la formación y capacitación de los salvadoreños cuando le están recortando drásticamente los fondos”… Estos son algunas de las críticas y cuestionamientos de fondo al anuncio del presidente Bukele de disponer de $30 millones del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional para destinarlo a la sexta fase del Plan Control Territorial.

Bukele anunció lo anterior durante la celebración oficial del Día de la Independencia Centroamericana.

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Fuentes del INSAFORP explicaron que el presupuesto actual de esa institución es de $60 millones anuales, pero Bukele explicó que de estos fondos se usarán $30 millones anuales para la fase 6 del Plan Control Territorial y la Dirección Nacional de Integración y sólo se destinarán $12 millones para “el nuevo Insaforp” y $18 millones “para la digitalización del sistema educativo”.

“Este gobierno es un depredador, gasta mucho más de lo que tiene y prefiere quitarle el dinero a INSAFORP que recortar los gastos en propaganda. Por cierto, no entiendo por qué no usan las “ganancias” del Bitcoin”, declaró la abogada Ruth López.

“$30 millones del presupuesto de quizás una de las pocas instituciones que funcionaban para una fase de un plan que no existe, dirigida por un tipo que hace meses parecía a disgusto con el gobierno”, criticó José Roberto Ugarte.

El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, también critica la falta de información de las actividades que se financiarán con los recursos del INSAFORP y que el gobierno está desfinanciado. “Ya no tienen de dónde seguir manteniendo la retórica de la seguridad porque ya no hay recursos”, dijo.

Para César Reyes, también diputado de ARENA, existe un cambio de narrativa en el discurso del gobierno respecto a la disolución del INSAFORP.

“Lo que veo son las incongruencias en el discurso del presidente y del oficialismo. ¿Y cómo pueden asegurar que van a mejorar la formación y capacitación de los salvadoreños cuando le están recortando drásticamente los fondos a esta área?”, declaró César Reyes, diputado de ARENA

El proyecto de ley presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa establece la disolución del INSAFORP y del INJUVE, pero Bukele aseguró que el INSAFORP no será disuelto, sino “renovado”, y anunció la creación de una Dirección de Integración, que estará adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

El proyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración presentado a la Asamblea Legislativa el 28 de agosto de 2023 con el que se crea esa Dirección incluye entre las disposiciones transitorias la disolución del INSAFORP y del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

“Declárese en proceso de disolución de derecho público denominada Instituto Salvadoreño de Formación Profesional “INSAFORP”, creada mediante Decreto Legislativo No. 554, de fecha 2 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial No 143, Tomo No 320, del 29 de julio del mismo año. Este proceso durará hasta el día 31 de diciembre de 2023”, dice el artículo 36 proyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración

Proyecto de Ley presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa establece la disolución del INSAFORP y del INJUVE

También establece en el artículo 37 que la Dirección de Integración “sucede en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones” al INSAFORP y al INJUVE.

El proyecto de ley también indica que la Dirección de Integración tendrá un consejo conformado solo por representantes de gobierno y no de forma tripartita como el del INSAFORP, es decir, con representación del sector empleador y de los trabajadores.

“Nosotros creemos que nuevamente cae el discurso populista, cae en el discurso de anunciar algo que no va a cumplir, que no se va a ejecutar, como lo ha hecho”, declaró

Stanley Quinteros, del Sindicato de Empleados Judiciales (SEJES)

Agregó que el gobierno está “desfinanciado” y que es “falso” que con el nuevo INSAFORP se mejoren las capacitaciones para jóvenes. “La lucha y la protesta social ha surtido efecto en pronunciarse ante estos temas y no halla otra manera de cómo maquillarlos”, sostuvo.

La propuesta de ley todavía no ha sido discutida en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa ni aprobada por el pleno.

Traslado de fondos

De aprobarse, la ley manda al Ministerio de Hacienda a realizar el traslado del presupuesto especial de ambos institutos como asignación presupuestaria a la Dirección de Integración. Y el personal del INSAFORP e INJUVE “que sea necesario y tras una evaluación de idoneidad” pasará a formar parte del personal de la Dirección.

Los recursos del INSAFORP provienen principalmente de las cotizaciones obligatorias de empleadores del sector privado y en menor cantidad del sector público.

En cuanto a los $18 millones para “impulsar la digitalización del sistema educativo y cerrar la brecha digital”, cabe destacar que el 30 de noviembre de 2021 se aprobó un préstamo entre el gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $214.7 millones denominado “Programa de reducción de brecha digital en centros escolares de El Salvador” y el 19 de abril de 2022 se $85 millones de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para financiar el «Programa de conectividad digital social».

Y con la nueva ley, prácticamente el 80 % de los fondos de las cotizaciones del INSAFORP pasarán a disposición del Ministerio de Hacienda, y solo el 20% para programas de educación y capacitación.

Para 2023, el INSAFORP programó una inversión en formación por $38 millones para alcanzar una población meta de 370,000 personas.



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Por ahed