El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que esperan que se vuelva a la normalidad del debido proceso en el país.

El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, manifestó que el gobierno tiene la responsabilidad de respetar y volver a la normalidad del debido proceso, lo cual hace falta en el estado de excepción.

“Reconozco el peligro que representaba las maras para la sociedad salvadoreña, el sufrimiento del pueblo gracias a ellos. Había necesidad de alguna acción por parte del gobierno, de eso no cabe duda; pero también, a la misma vez el gobierno tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley y eso es lo que hace falta ahora en el estado de excepción», expresó Duncan, en un video publicado en las redes sociales de Diario El Mundo.

El embajador estadounidense brindó esas declaraciones durante la entrega de dos motores para helicópteros a la Fuerza Armada Salvadoreña y en el mismo día que la Asamblea Legislativa aprobó la décima octava prórroga del régimen de excepción, el cual se ha vuelto permanente desde que se instauró originalmente el 27 de marzo de 2022, como respuesta de una matanza de más de 80 personas en un fin de semana.

“Yo espero que puedan consolidar lo que han ganado en materia de seguridad pública, pero puedan volver a la normalidad del debido proceso, lo más pronto posible”, agregó el embajador.

Hace dos días, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró de nuevo su preocupación por la excesiva duración del estado de excepción en El Salvador y propuso abordar las causas de la violencia para encontrar soluciones sostenibles.

«Me preocupa la excesiva duración del actual estado de excepción y las detenciones masivas que se han producido en este contexto, así como las inaceptables condiciones carcelarias y las restricciones del espacio cívico y del debido proceso», denunció Turk durante el 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

El Alto Comisionado reconoció que es un reto complejo terminar con décadas de criminalidad desenfrenada de las pandillas, pero propuso abordar de raíz las causas de la violencia con soluciones sostenibles a largo plazo.

De igual forma, organizaciones enfocadas en el respeto a los derechos humanos a nivel nacional e internacional han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción que incluyen muertes en penales, torturas, golpizas, tratos crueles e inhumanos y capturas arbitrarias e ilegales.

En contraste, las autoridades de seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido devolver la paz a la población con la captura de más de 72 mil personas acusadas de colaborar o ser parte de las pandillas.

Sin embargo, del total de detenidos más 7,000 han sido liberados después que no les pudieron probar el vínculo con las estructuras criminales, según datos brindados por el ministro se Seguridad.

El Plan Control Territorial que para muchos ‘opositores, sobre todo a estos organismos internacionales satélites de los criminales y del crimen organizado’, era un plan que no existía, en menos del primer quinquenio del Presidente Bukele podemos decir que ha sido una estrategia que ha logrado transformar la realidad de los salvadoreños”, dijo el Ministro de Seguridad durante la aprobación de la décimo octava prórroga del régimen de excepción.

Asimismo el gobierno informó haber incautado 3,500 armas, más de 16 mil celulares, 4 mil vehículos, 3 millones de dólares en efectivo y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi 300 millones.





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Por ahed