Según la abogada Roxana Cardona el decreto permite a la Fiscalía un plazo de 24 meses solo para hacer la agrupación de varias personas en una misma causa penal.

La organización Justicia Social y Controlaría Ciudadana presentó hoy una solicitud de respuesta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante una demanda de Inconstitucionalidad en contra del decreto 803, interpuesta  el 30 de agosto de este año. 

Ese decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, el 26 de julio, permite a la Fiscalía General de la República (FGR) agrupar por estructura criminal o clica a las personas detenidas en el régimen de excepción, tanto los pandilleros como los supuestos colaboradores y ampliar los plazos de investigación dos años más del tiempo establecidos en la ley.

En la demanda presentada hace cinco meses por esta organización, con el apoyo del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Socorro Jurídico Humanitario, solicitaron a la Corte una revisión del decreto, debido a que plantearon que permitirá condenar de forma masiva a los capturados, incluyendo a personas inocentes, pero además viola el principio de retroactividad. 

“Es por ello, que se elabora una demanda de inconstitucionalidad, previendo tales violaciones solicitando como medida cautelar no aplicarla, hasta que esta Sala resuelva declararla inconstitucional o en su defecto declararla inadmisible (la demanda)”, señala la nueva petición, presentada este martes. 

Roxana Cardona, abogada penalista y representante de Justicia Social y Controlaría Ciudadana , explicó que los jueces ya comenzaron a aplicar el decreto con el fin de otorgar a la Fiscalía 24 meses más para el proceso de instrucción. 

El problema que la jurista visualiza es que ese tiempo no será empleado por el ministerio público para investigar, sino para organizar a los detenidos por pandilla para luego realizar acusaciones colectivas. 

“Hasta la fecha el ministerio público ha solicitado una interrupción del plazo de instrucción para ordenar en un solo proceso, solicitando dos años para ordenarlo, siendo hasta el 2025 y luego pedir otros dos años para la etapa de instrucción, donde los señores jueces están concediendo dicho plazo” indica la petición presentada ante la Corte.

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En ese mismo sentido, Ingrid Escobar, abogada y representante del Socorro Jurídico Humanitario, expuso que esos dos años, solo son para iniciar el proceso de acusación de una persona detenida y luego el ministerio público puede tomar dos años más para la fase de instrucción, es decir, para seguir investigando.

“Es una condena anticipada de por lo menos cuatro años preso, antes de ser declarado, con mucha suerte, inocente” dijo. 

Por otra parte, Cardona explica que aplicando ese decreto ya no será necesario que exista una víctima como testigo, sino que bastará con el testimonio o la declaración de un policía para procesar o condenar a todas las personas que sean  incluidas por la Fiscalía en una estructura delincuencial. 

Escobar agregó que el decreto 803 es inconstitucional porque las personas deben ser procesadas por sus acciones individuales.

“Estamos a las puertas de condenas masivas de inocentes por el decreto 803 así lo establece. No es posible que se procese a una persona junto con 899 más y que se le presuma y asuma culpable sólo por el hecho de residir en el espacio geográfico donde sí hay pandillas” expresó. 

Escobar considera que además se debe tomar en cuenta “la tremenda debilidad institucional y las nulas garantías judiciales de nuestros derechos en este contexto donde una familia, un partido político tiene el control de todo”. 

“Nadie garantiza que a una persona procesada se le respeten sus derechos en un proceso penal ordinario, ya no digamos hoy con las reformas a causa de régimen de excepción y los tribunales especializados”, añadió. 

Según el decreto, la Fiscalía podrá agrupar a los imputados en una sola acusación, según el territorio donde fue realizada la captura. 

“Si te capturaron en Jardines del Pepeto, Soyapango, sos MS-13, si te capturaron en Altavista sos 18 Sureños, es  decir que nacer, crecer y vivir en una zona de alta criminalidad te puede condenar hasta a 60 años de cárcel”, manifestó Escobar. 

Cardona explicó que otro de los agravantes con este decreto es que si un abogado ha recopilado pruebas y documentación para demostrar la inocencia de su defendido, previo a una acusación colectiva, estas no serán tomadas en cuenta en el proceso. 

Familiares preocupados

Varios familiares de personas detenidas acompañaron a la abogada Cardona en la presentación del pronto despacho ante la Corte. Maribel Amaya, la madre de Jorge Luis Caridad Amaya, llegó desde Quezaltepeque para pedir la liberación de su hijo que fue capturado el 14 de mayo del año pasado cuando iba a sus clases de Inglés.

El joven que durante la semana trabajaba como albañil y los sábados estudiaba Inglés fue interceptado por un grupo de policías en el barrio Guayabal, en el centro de Quezaltepeque, quienes le revisaron sus cuadernos, luego se lo llevaron al puesto policial más cercano con la excusa de que le harían una preguntas, pero ya en la delegación lo esposaron y le dijeron a su madre que quedaría detenido por colaborador con pandillas.

 “Mi hijo nunca había estado detenido, nunca había tenido problemas con la ley. De ahí se lo llevaron al penal de Izalco y ahí comenzó el calvario de nosotros”  explicó Maribel.



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Por ahed