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El informe fue presentado esta mañana en la ciudad de Nueva York e incluye la situación de derechos humanos en unos 100 países a nivel mundial.

Violaciones generalizadas de derechos humanos en el régimen de excepción, el socavamiento sistemática de los contrapesos democráticos por parte del presidente Nayib Bukele y la bancada cian, la falta de transparencia y la obstaculización en la supervisión del gasto público son algunos de los señalamientos al Estado salvadoreño en el informe mundial presentado esta mañana por Human Right Watch (HRW). 

La presentación fue realizada durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) con la participación de representantes mundiales de HRW.

“En El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele está utilizando la narrativa de seguridad para justificar la detención masiva de personas, en su mayoría de bajos ingresos”, expresó Tirana Hassan, directora ejecutiva del organismo internacional, durante la presentación de la situación global.

El documento indica que desde que entró en vigencia el régimen de excepción los homicidios y las extorsiones han disminuido significativamente, pero “las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en  prisión y violaciones del debido proceso”. 

El estado de excepción, que suspende tres derechos constitucionales a todos los ciudadanos y residentes en el país, fue aprobado el 27 de marzo de 2022 tras una matanza perpetrada por la pandillas, tras la ruptura de la supuesta tregua con el gobierno del presidente Bukele. Los legisladores han prorrogado 21 veces esta medida de carácter “excepcional”.

El organismo internacional destaca que durante el régimen muchas de las detenciones se han realizado sobre la base de la apariencia física o lugar de residencia de las personas o de llamadas anónimas.

“Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado que se ha detenido a cientos de personas que no tenían relación con las operaciones abusivas de las pandillas. Entre los detenidos se encuentran líderes sindicales, ambientales y comunitarios, así como defensores de derechos humanos” indica HRW.

Uno de los casos de líderes comunitarios capturados conocido recientemente es el de Benjamín Amaya, padre de la periodista de investigación Carolina Amaya. 

Benjamín, un veterano de guerra y agricultor de 63 años, fue capturado junto a cuatro campesinos más, solo meses después de ser amenazados por una empresa de energía solar para que abandonaran un terreno estatal en la finca Argentina, que ellos utilizaban para cultivar maíz, frijol, hortalizas y algunas frutas.

El día de la captura las autoridades señalaron a los campesinos de ser parte de una estructura de pandillas que delinquía en el municipio de Opico, en el departamento de La Libertad, pero un juez especializado los sobreseyó definitivamente por el delito  de agrupaciones ilícitas por no ser parte de ninguna estructura pandilleril. 

Sin embargo, siguen siendo procesados por los delitos de limitación a la circulación y estafa agravada en contra de tres víctimas bajo régimen de protección, es decir que se desconoce su identidad. 

«El régimen de excepción ha sido una medida abusiva de encarcelamiento masivo que ha llevado a El Salvador al borde de un estado policial provocando gravísimas violaciones de derechos humanos. La política de seguridad de Bukele está hecha a medida de un líder más preocupado por consolidar su poder que por crear las condiciones necesarias para combatir de manera efectiva y duradera la violencia en el país», manifestó Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.

Según cifras oficiales brindadas a través de redes sociales, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 han sido capturados 75,163 personas señaladas de ser pandilleros y colaboradores de las pandillas, incluidos más de 1,600 menores de edad, de las cuales unas 7,000 han sido liberadas por falta de pruebas o para continuar el proceso judicial bajo medidas alternas a la prisión. 

Sin embargo, ninguna de esas cifras puede ser corroborada porque el gobierno ha impuesto una reserva total a todos los datos estadísticos desagregados sobre el régimen de excepción y la seguridad en el país, a pesar que están regulados como información de carácter público en la Ley de Acceso la Información Pública (LAIP). 

“La falta de acceso público a estadísticas de homicidios y otros delitos, junto  con las denuncias de manipulación de las cifras, limitan gravemente la posibilidad de verificar la exactitud de los reportes gubernamentales y de estimar el verdadero alcance de la disminución de la violencia” destaca el documento de HRW. 

Negociaciones con pandillas y liberación del “Crook” 

Con base en las publicaciones del periódico digital El Faro, el reporte de HRW incluye las supuestas negociaciones del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas con fines electorales. 

“El gobierno ofreció privilegios carcelarios a pandilleros que se encontraban presos y oportunidades de empleo a aquellos que se encontraban en  libertad a cambio de una reducción en la tasa de homicidios y de apoyo electoral durante las elecciones de 2021” , subraya. 

Asimismo el organismo internacional menciona en su informe mundial la liberación del cabecilla de alto rango de la MS-13 Elmer Canales, conocido como el “Crook”. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Canales Rivera alias “Crook” para su salida de prisión en El Salvador fue escoltado por funcionarios salvadoreños de alto nivel, alojado en un apartamento de lujo y provisto de un arma de fuego.

El 9 de noviembre de 2023, Canales-Rivera fue arrestado por miembros del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), a su llegaba al Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston. Texas, tras ser localizado en México. 

Este día el cabecilla de la MS-13 enfrentará su primera audiencia en una corte del Distrito Este de Nueva York por delitos de terrorismo relacionados con su dirección de las actividades criminales de la mara en Estados Unidos, El Salvador, México y otros lugares durante las últimas dos décadas y de ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

Socavamiento democrático 

Por otra forma, el informe de HRW señala que “el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han socavado sistemáticamente el sistema de frenos y contrapesos democráticos”. 

En primer lugar, indican la inscripción de Bukele como candidato presidencial en las elecciones de 2024, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. 

“Una sentencia de 2021 de la nueva Sala de lo Constitucional determinó que la Constitución permitía la reelección presidencial inmediata, apartándose de interpretaciones reiteradas que se habían realizado en el pasado” indica el documento. 

Sin embargo, el organismo internacional cuestiona la independencia judicial actual en el país, recordando que en mayo de 2021, la mayoría de dos tercios del partido de Bukele en la Asamblea  Legislativa destituyó y reemplazó de manera sumaria al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. 

Asimismo indica que la actual Asamblea designó a nuevos magistrados de la Corte y en septiembre del mismo año promulgó leyes que permitieron que la Corte Suprema y el fiscal general destituyeran a jueces y fiscales mayores de 60 años y  ampliaron su facultad de transferir a jueces y fiscales a nuevos puestos. 

“Estas leyes contradicen los estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y han sido utilizadas para destituir o transferir a jueces o fiscales independientes” agrega el documento. 

“Ha sido un año de fortalecimiento de distintos tipos de autoritarismo desde todo el proceso de Bukele de erosionar el estado de derecho, cooptar las distintas ramas del poder público, reinterpretar la Constitución para poder hacerse reelegir hasta fenómenos más difusos como el de Perú y Guatemala” expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas, sobre el avance del autoritarismo Latinoamérica. 

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Por ahed